DESTRABES ONEROSOS

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Raúl Mauro

Por: Raul Mauro

El anuncio del destrabe de una docena de proyectos de inversión por US$18,800 millones -en el marco del informe de los cien días de gestión del nuevo gobierno- es una noticia que hay celebrar. Lo que no se conoce es a qué costo se ha logrado este objetivo y cuáles serán los beneficios y los nuevos costos derivados de los mismos. El criterio para evaluar el éxito de dichos destrabes es si se ha hecho en un esquema ‘ganar-ganar’ en lugar del ‘ganar-perder’. En el primer caso, la sociedad, la empresa y el Estado ganan; en el segundo, suele ocurrir que la empresa gana, mientras que el Estado pierde.

 Tomemos como ejemplo el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros a construirse en el Cusco. Este es un proyecto que demandará una inversión de US$ 658 millones. Los criterios para seleccionar al ganador fueron dos: el que exigiera el menor nivel de cofinanciamiento de parte del Estado, y a su vez, el que ofreciera el mayor porcentaje de reintegro de dicho cofinanciamiento. El Consorcio Kuntur Wasi (conformado por capitales peruanos y argentinos en partes iguales) ganó al ofrecer la mejor oferta combinada por ambos criterios. En el primer criterio, Kuntur ofreció que el cofinanciamiento sea de US$ 264.8 millones, monto 42% menor a los US$ 457.5 millones tolerados. En el segundo criterio, el Consorcio ofreció un reintegro de 100%, cuando el mínimo tolerado era de 30%. Según ProInversion, al seleccionar al Consorcio Kuntur Wasi se generó un ahorro al Estado calculado en US$ 200 millones.

 Los problemas comenzaron cuando OSITRAN observó el informe de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). Esto generó una serie de contratiempos entre el Estado y el Consorcio que provocaron incertidumbre sobre el inicio de las obras del aeropuerto. El peor momento ocurrió en abril de este año cuando el saliente presidente Ollanta Humala amenazó con rescindir el contrato y ejecutar las penalidades pertinentes por incumplimiento. Kuntur tuvo la capacidad de reacción mediática para manejar el proceso hasta esperar que entre el nuevo presidente. Ya con PPK al frente del gobierno, el Ministerio de Transportes informaba que la evaluación del EGP continuaba, dilatándose el proceso sospechosamente. La semana pasada, el diario Gestión ha revelado que el Estado habría aceptado un mayor costo financiero de al menos US$ 200 millones como consecuencia del incremento de la tasa de interés de 9% a 21% sobre el Pago Anual por Obras (PAO). Es decir, un sobrecosto equivalente al monto de ahorro que ProInversion había anunciado a favor del Estado al otorgar la buena pro al Consorcio Kuntur Wasi.

 Quiénes ganan y quiénes pierden de esta situación? En un país acostumbrado al discurso de la eficiencia y el libre mercado, este caso de ‘destrabe de inversiones’ es una grosera prevaricación jugada a favor de una empresa privilegiada. Qué personas o intereses originan este privilegio? Las empresas que resultaron perdiendo en la convocatoria de la concesión, bien podrían argumentar un trato discriminatorio puesto que la ventaja técnica y económica ofrecida por Kuntur ha resultado ser falsa. A su vez, el Estado, representante de los intereses de todos los peruanos, ha aceptado un sobrecosto por cuenta de todos en vez de ejecutar la penalidad y convocar a un nuevo proceso donde la competencia limpia y transparente permita escoger al mejor postor. Los negociados y sobrecostos a costa del bienestar de la población, al parecer, seguirán formando parte del estilo de gobierno de PPK. Lamentable.

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